Entre la ideologia y la realidad: la inclusion de los mapuche en la nacion chilena (1810-1830) (1).

Se analiza el proceso de construcción por porte de la elite criolla, de la idea de "nación chilena", siguiendo la noción de "comunidades imaginadas" propuesta por Benedict Arnold. La inclusión de los mapache como parte de esa nación se debería tanto o motivaciones de tipo político táctico (contar con su apoyo para terminar la guerra de Independencia en el sur), como ideológico, por cuanto representaban uno de las vertientes del pasado que daban legitimidad u la nueva nación chilena, así como permitían construir una imagen de rebeldía antihispana.

En las primeras décadas del siglo XIX, el grupo dirigente chileno se abocó a la compleja tarea de construir el Estado nacional, proceso que implicó dos cuestiones fundamentales e íntimamente relacionadas. Por una parte, la constitución del Estado como organización suprema del poder en un territorio delimitado y, por otra, la conformación de la nación, lo que suponía otorgar a la población del país un sentido de pertenencia y cierto grado viable de unidad política. En las sugerentes palabras de Benedict Anderson, era construir la "comunidad imaginada".

Forjar la nación significaba internalizar una conciencia e identidad colectivas, nacionales, mediante la creación de nuevos elementos simbólicos, rituales y míticohistóricos. En este último aspecto, el discurso nacionalista de la época puso énfasis en dos grandes mitos, considerados esenciales para fortalecer el sentido de pertenencia e identidad nacional. El primero, el rechazo o negación del pasado colonial español. La actitud antihispanista de los criollos, difundida ampliamente en la prensa y otros documentos oficiales y privados, fue rigurosa y dogmática, y se aplicó a todos los aspectos del antiguo orden político. El segundo, la exaltación de lo propio, de lo autóctono, es decir, la revalorización del pasado mapuche o araucano. Los conductores de la emancipación destacaron el carácter fundacional de la revolución de septiembre, se sintieron legítimos herederos de los "fieros republicanos de la Araucanía" e identificaron los objetivos de aquel movimiento con los de la Guerra de Arauco: la lucha por la libertad contra la dominación española. De esta forma y, simultáneamente, el discurso independentista definió dos campos semánticos opuestos, los que tuvieron correspondencia con sendos campos políticos: de un lado, los españoles invasores, enemigos, opresores, etc., del otro, los mapuche indómitos, valientes, libres, etc. Cada uno de ellos, a su modo, influyó en la construcción de nuestra incipiente "comunidad imaginada".

Desde los inicios de la emancipación se desarrolló, en el plano del discurso ideológico, un proceso de inclusión de los mapuche a la nación chilena. Intelectuales y políticos expresaron con optimismo la idea de constituir con los indígenas una colectividad común, una gran familia o hermandad. Influenciados por ideas europeas y norteamericanas, propiciaron su incorporación efectiva, en igualdad de condiciones, a la sociedad nacional. Los "hombres de la tierra", debían ser ciudadanos como todos, con lo mismos derechos y obligaciones, fundamento esencial de la naciente república. Además de los sentimientos románticos o utópicos que los inspiraron, pesaban importantes consideraciones políticas. Se trataba de obtener las lealtades y adhesiones necesarias para llevar a buen término la guerra en el sur del país, donde la mayoría de las parcialidades mapuches se habían sumado a la resistencia de la sociedad regional contra el nuevo orden.

Digamos desde ya que una ideología puede entenderse como medio de legitimación del que dispone el poder para justificar un sistema de autoridad, o una falsa conciencia utilizada para disimular intereses de grupos, o un instrumento cultural para integrar y preservar una identidad social (Jocelyn-Holt 1992:214). Creemos que todas estas definiciones expresan los motivos del grupo dirigente para idealizar a los "araucanos" y considerados en la conformación heroica de la nación chilena.

El objetivo del presente estudio es analizar éstos y otros precedentes históricos del proceso de inclusión citado, durante las dos primeras décadas del siglo XIX.

Hacia la formación del Estado nacional en Chile

La experiencia nacional en nuestro país y, en general, en Hispanoamérica, tuvo como punto de partida el proceso de emancipación, proceso iniciado más que por decisión propia, por el encadenamiento de un conjunto de sucesos imprevisibles y conmovedores: las invasiones inglesas en el Río de la Plata, la invasión napoleónica en España, la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII y la entronización en aquella de José Bonaparte.

La caída accidental de la monarquía suscitó el problema de la organización política e institucional de las naciones hispanoamericanas. Dos corrientes ideológicas se fueron perfilando frente al tema de la autonomía y luego de la independencia: una tradicionalista, partidaria de conservar el orden colonial preexistente y otra liberal revolucionaria, que buscaba modificar sustancialmente el ordenamiento social forjado en los tres siglos de dominación hispánica. Marcelo Sánchez S. ha señalado con sutileza que todos los americanos se pronunciaron por la emancipación, pero con dos actitudes distintas: "Para unos, la Independencia fue el camino de la revolución, para otros, la revolución fue el camino de la Independencia" (2).

En Chile, los acontecimientos desarrollados en la metrópoli generaron descontento y preocupación, Inicialmente, hubo expresiones de adhesión y lealtad al monarca, a la vez que se reiteró la conservación de los dominios de Fernando VII, su "legítimo dueño" (3). La Junta de 1810, nacida en esta atmósfera, inició un período de autonomía política y jurídica la que, sin embargo, derivó luego en un movimiento separatista, estimulado por diversos acontecimientos internos y externos. El juego de rencillas y alianzas entre conocidos grupos familiares, la emergencia de fuerzas regionales y de caudillos militares, el deterioro de las relaciones con Perú y la opción del virreinato por la guerra, la Reconquista española y la política represiva contra los criollos, radicalizaron las posiciones y generaron un progresivo distanciamiento con la monarquía hasta culminar con la independencia total. En enero de 1818, se proclamaba formalmente "que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman, de hecho y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la monarquía de España y de otra cualquiera dominación, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses" (4).

La crisis monárquica planteó en Chile la resolución de un problema fundamental: la cuestión del poder o, más precisamente, del poder estatal, lo que suponía que un grupo social o clase detentaría el control de los medios de coacción política, jurídica, militar y la dirección ideológica (5).

La historiografía nacional ha coincidido en señalar que el ejercicio del poder político y social estuvo monopolizado de hecho, y en parte de derecho, por los altos sectores del campo y de la ciudad. José Bengoa, por ejemplo, ha señalado que el Estado se organizó en Chile "de acuerdo a las pautas de la clase terrateniente, su poder rural y su raigambre urbana". Según el autor, el "sistema de poder tuvo su base en la red de haciendas y pueblos controlados por los hacendados, y se edificó a través de diversos mecanismos, acumulándose en Santiago, en el gobierno central, el conjunto de decisiones administrativas y económicas" (6).

Como es sabido, Alberto Edwards planteó tempranamente que la revolución de 1810 "tuvo todos los caracteres de una fronda aristocrática" y, todavía más, que la historia del país fue la historia de esa fronda (7). Por su parte, Sergio Villalobos destacó el proceso de consolidación económica y social experimentado por la aristocracia chilena a lo largo del siglo XVIII el que fue paralelo a la formación de una conciencia autovalorativa y de identificación con el destino del país. Dicho sector poseía la riqueza, el poder social, el prestigio, la cultura y alguna experiencia en las tareas de adelanto experimentadas en Chile. Albergaba, además, un germen de modernidad que terminaría por imponerse a la tradición política y jurídica española. El poder político, asumido a partir de 1810, sería --según Villalobos-- el último tramo de su evolución (8).

También Alfredo Jocelyn-Holt ha reconocido el protagonismo de la elite criolla en la emancipación chilena. A su juicio, la acefalía en el trono español hizo caer el poder político en manos de ese alto grupo, cuya trayectoria durante el siglo XVIII lo había predispuesto favorablemente para asumir cualquier cambio. Dotada de cohesión interna y conciliando la tradición con la modernidad, la elite surgió como "el único actor político capaz de encarar la construcción y consolidación del nuevo orden republicano", un orden particularmente favorable a los intereses y aspiraciones de esa fracción social (9).

Julio Heise definió la independencia de Chile como un "movimiento aristocrático", característica que también asignó al período siguiente de "lucha por la organización del Estado", proceso --según él-- de formación y aprendizaje políticos, fecundo, distinto al de otros países americanos debido, precisamente, al predominio político de la elite. Heise escribió: "todas las reformas liberales serán obra de la aristocracia, obra de una elite, desde la cual, como desde una cumbre, descendían (...) hasta los estratos inferiores. Nada germinaba entonces en la llanura, todo bajaba de la cima. La educación, la democracia, las libertades, el sufragio" (10).

Los aportes historiográficos anteriores, entre otros, evidencian claramente el papel asumido por la elite criolla como sujeto de la emancipación chilena. Aun más, el proceso mismo y sus efectos ulteriores, le permitieron afirmar sus posiciones y mantener sus beneficios. Avanzado el siglo XIX, la constitución y expansión de una economía agrominera-exportadora, promovida desde el Estado por dicho grupo, le significaron disfrutar de una sólida base socioeconómica y de una posición hegemónica sin contrapeso frente a otros sectores sociales del país.

Correspondió, pues, a la elite conducir el proceso de transición del Estado colonial al Estado nacional, tarea que implicaba dos cuestiones diferentes y dialécticamente entrelazadas. En primer lugar, la construcción del nuevo Estado, es decir, el establecimiento de un nuevo orden político-institucional fundado en nuevas formas de pensar y hacer la política y en nuevas bases de legitimación del poder. En segundo término, la conformación de la nación, lo que suponía crear ciertos grados viables de unidad en la población asentada en el territorio. Estado y nación, pues, estuvieron tempranamente presentes en el horizonte político de los altos grupos locales.

Al respecto, un importante papel desempeñaron las nuevas ideas derivadas de las diversas corrientes del liberalismo de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. El modelo inglés y, sobre todo, el francés, norteamericano y español, proporcionaron a la generación criolla de 1810-1833 un conjunto de principios básicos, los que constituirían la esencia de la causa emancipadora y, al mismo tiempo, los fundamentos considerados indispensables en la constitución del Estado nacional chileno. Con algunas variaciones, ellos fueron invocados, asumidos y difundidos por un reducido grupo de intelectuales y políticos de la época, tanto chilenos como extranjeros (11). Participaron activamente en el debate ideológico, entre otros, Manuel de Salas, Juan Egaña, Camilo Henríquez, Bernardo Vera, Jaime Zudañez, Juan Martínez de Rozas, Antonio de Irizarri, José Miguel Infante, Bernardo O Higgins, Mariano Egaña, Manuel Gandarillas, etc.

Inspirados en los grandes pensadores ilustrados o en los ideólogos de ambos lados del Atlántico, todos ellos contribuyeron a conformar una teoría política que en lo sustancial podría sintetizarse en los siguientes postulados: los gobiernos se constituyen en virtud de un contrato y, en consecuencia, dependen del libre consentimiento de los pueblos; la soberanía reside en el pueblo y debe delegarse de manera óptima a través de un sistema representativo de gobierno; el individuo, a pesar de su compromiso contractual con la sociedad civil, posee ciertos derechos naturales --igualdad, libertad, propiedad, seguridad-- cuya protección debe ser garantizada por los gobiernos; el Estado ha de regirse por una constitución escrita, la que deberá consagrar los principios anteriores, el equilibrio de poderes y, en general, las normas necesarias para la regulación exitosa de la sociedad; el sistema republicano solo puede operar con eficiencia si va acompañada de un mínimo de virtud pública, la que debe ser infundida a los ciudadanos mediante una adecuada educación (12).

Nos interesan, particularmente, los dos últimos aspectos. La generación independentista dio gran importancia a la legislación. Ello se debió, en parte, a su herencia ilustrada y, en parte, a razones prácticas. La Ilustración tuvo una actitud combativa contra la tradición oral y reivindicó el texto escrito como medio específico de expresión del concepto (13). Además, la formación del nuevo Estado requería redactar una constitución, dictar reglamentos, leyes y códigos, en fin, aquello que permitiera organizar un sistema de procedimientos objetivos y comunes a toda la población. "El Estado moderno --escribió Pedro Morandé-- es inseparable de la cultura del texto" (14).

La idea de que las leyes constituían uno de los medios esenciales en la construcción del nuevo orden y, en general, de una sociedad mejor, fue expresada por diversos actores políticos de la época. Leyes sabias y justas y, fundamentalmente, una adecuada constitución, acorde a las especificidades del país, se consideraron indispensables para lograr la unidad y concordia del Estado y para alcanzar la prosperidad y el progreso de Chile. Según Bernardo O'Higgins, una constitución "asegura la quietud interior, produce abundancia, abre los recursos y afianza la justicia" (15). Un buen texto constitucional era, pues, la base sobre la cual se asentaban las grandes esperanzas de los contemporáneos en el futuro del país.

Algo similar ocurrió con la educación. Esta fue vista como otro de los pilares fundamentales de la nueva realidad que se creía inaugurada en Chile con la emancipación. Desde los inicios de ésta, la formación de un sistema nacional de educación, basado en los valores de la razón, la ciencia, la libertad y el progreso, fue una aspiración de muchos criollos. Sabido es, sin embargo, que dicho sistema solo alcanzó una fisonomía más estable hasta mediados del siglo XIX.

Educar al gran número de iletrados existentes en Chile era una necesidad primordial en el sistema representativo implementado por la revolución local. Una de las ideas reiteradas en el discurso de los intelectuales fue que el pueblo soberano debía ser educado para ejercer efectivamente la participación. Por ello, la educación fue percibida como el medio esencial para la formación del hombre nuevo, del ciudadano libre y, consecuentemente, de la nación chilena (16). Se pensó también que educar a los individuos era preparados para asumir y disfrutar su libertad y, a la vez, resguardados del despotismo. En un periódico de la época se afirmaba "que sólo los déspotas se oponen a que los pueblos se ilustren, porque quieren reinar sobre ciegos y bárbaros para oprimirlos mejor (17).

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, algunos criollos, particularmente motivados por las ideas ilustradas, propusieron ciertas reformas educacionales. Si bien ellas no se tradujeron en cambios significativos, sirvieron como elementos de continuidad al constituirse la república. El personaje más destacado fue Manuel de Salas, conceptuado como el primer espíritu moderno de la Colonia, por sus ideas innovadoras en el campo educacional, entre otros (18). Iniciada la emancipación, algunos hombres públicos buscaron adaptar al ambiente chileno novedosas concepciones educacionales, abriendo el surco de una instrucción popular. José Miguel Carrera, por ejemplo, promovió la gratuidad de la escuela primaria. Melchor José Ramos se pronunció a favor de su obligatoriedad (19). Juan Egaña se manifestó partidario de una educación dirigida y sostenida por el Estado, "abierta a las ciencias experimentales y al desarrollo técnico, sin abandonar la formación humanista" (20). Centro y modelo de su proyecto educativo fue un Instituto Nacional, abierto a todas las edades y clases sociales.

Juan Egaña (1768-1836) nació y estudió en Lima. Radicado más tarde en Chile, destacó como abogado, legislador, político, catedrático de la Universidad de San Felipe y autor de varios escritos. Fue uno de los más interesantes teóricos latinoamericanos del período independentista. En 1811, presentó al Congreso sus "Reflexiones sobre el mejor …